Siete de cada diez empresas chilenas no está lista para l...

Una radiografía poco alentadora: siete de cada diez empresas chilenas reconoce no estar preparada para cumplir la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 21.719, que ya está vigente y contempla sanciones millonarias para quienes la infrinjan. Así lo revela un estudio elaborado por LemonTech y la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC), que analizó a 127 organizaciones de distintos tamaños en el país.

Los números son preocupantes: el 46% de las empresas no ha tomado ninguna medida concreta para adaptarse a la nueva normativa. La situación es especialmente crítica entre las pequeñas empresas, donde nueve de cada diez admiten no estar listas. Pero el riesgo no solo está en los sistemas informáticos o en las bases de datos digitales. Hay un flanco que pocas organizaciones están mirando: las bodegas llenas de archivos físicos y los equipos tecnológicos en desuso.

Contratos olvidados en cajas, liquidaciones de sueldo apiladas, fichas de clientes en carpetas, y computadores, discos duros o celulares corporativos que nadie borró antes de guardarlos o desecharlos. Todo eso contiene datos personales y, bajo la nueva ley, su mal manejo puede costar caro. La normativa exige que la información solo se conserve durante el tiempo estrictamente necesario y que luego sea eliminada o anonimizada de forma segura. Las infracciones más graves pueden alcanzar multas de hasta 20.000 UTM, equivalentes a más de $1.400 millones de pesos.

El estudio detectó además que el 85% de las empresas gestiona estos procesos de forma manual o con herramientas genéricas, lo que aumenta la probabilidad de errores y descuidos. Según expertos del rubro, el fin de año suele ser el momento en que las organizaciones ordenan archivos y hacen inventario de equipos, lo que convierte esta época en una oportunidad clave para detectar —y corregir— estos riesgos antes de que se conviertan en sanciones.

El problema tiene además una dimensión medioambiental. Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año, más de 10 kilos por persona, pero recicla menos del 5% de ese total. La Ley REP para aparatos eléctricos y electrónicos, reglamentada en mayo de este año, establece metas de recolección que irán subiendo progresivamente hasta alcanzar el 45% al décimo año, con exigencias que parten en 2028.

Para las empresas chilenas, el mensaje es claro: cumplir con la protección de datos no es solo una tarea de los departamentos de tecnología o legal. También implica revisar lo que hay en los pasillos, en los archivadores y en los equipos que llevan años sin usarse. Los principales riesgos que deben atender son:

Archivos físicos con datos de clientes, trabajadores o proveedores sin destruir correctamente.
Equipos tecnológicos dados de baja que no fueron formateados ni borrados de forma segura.
Ausencia de políticas internas para la eliminación de información sensible.
Desconocimiento de los plazos legales de conservación de documentos con datos personales.

Con la ley ya en vigor y las multas sobre la mesa, el tiempo para ponerse al día se acorta. Ignorar lo que hay en una caja o en un disco duro olvidado puede salir muy caro.